Desde el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) advertimos que el dictamen aprobado por la Comisión de Energía y Minas vulnera la Constitución del Perú, al proponer que quienes incumplen sus obligaciones y no controlan los impactos ambientales de sus actividades no puedan ser sancionados ni retirados del REINFO. Esto debilita la responsabilidad que debe regir en toda actividad extractiva.
En el REINFO se inscribieron más de 80 000 sujetos al proceso de formalización minera. Sin embargo, transcurridos cerca de 10 años, menos del 2% ha culminado su proceso de formalización. Esto significa que más del 98% continúa operando fuera de los estándares ambientales y legales, incluso después de sucesivas y cuestionadas prórrogas. Esto genera graves afectaciones a los ecosistemas, a la calidad del agua y a la salud y seguridad de miles de peruanos.
La prórroga planteada permitiría que miles de operadores continúen sin instrumentos de gestión ambiental aprobados, sin autorización de uso de agua, sin certificación de insumos fiscalizados y sin obligaciones de remediación. Esta situación vulnera el principio de prevención, así como el derecho constitucional de toda persona a un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida.
Asimismo, el Tribunal Constitucional ha señalado recientemente que no puede existir exención de responsabilidad penal, civil ni administrativa, ya que eso vaciaría de contenido el deber del Estado de proteger el ambiente. Cualquier norma o dictamen que impida sancionar a quienes generan impactos o incumplen obligaciones contradice este mandato constitucional.
El REINFO fue concebido como un mecanismo estrictamente temporal para facilitar el tránsito hacia la formalización. Sin embargo, luego de su comprobada ineficacia y daños :
- Las constantes ampliaciones han desnaturalizado su finalidad, convirtiéndolo en un refugio permanente para quienes no avanzan en el proceso.
- Se ha vuelto un obstáculo para la fiscalización ambiental y para que las autoridades del sistema de justicia puedan actuar, pues su constancia se usa como escudo frente a intervenciones.
- Ha generado profunda inequidad frente a la minería formal, que sí ha invertido en cumplir los requisitos ambientales.
- Ha permitido la inscripción de redes ilegales, titulares ficticios y operaciones en zonas intangibles, agravando la presión sobre ecosistemas frágiles y vulnerables.
- Sirve como una protección inconstitucional e inaceptable para la minería ilegal que está fuertemente vinculada con la ola de criminalidad que azota el país.
Por todo lo expuesto, exigimos al Pleno del Congreso de la República ARCHIVAR el dictamen y actuar en defensa del interés nacional, de la legalidad y del derecho de todas las personas a vivir en un ambiente sano. El Perú no puede seguir premiando la ilegalidad disfrazada de informalidad con la excusa del derecho al trabajo
De lo expuesto, suscribimos el presente pronunciamiento las siguientes organizaciones así como las siguientes personas naturales:
- Sociedad Zoológica de Fráncfort – FZS Perú
- Conservación Amazónica – ACCA
- Amazónicos por la Amazonía – AMPA
- Ipenza Peralta, César A.
- Asociación Ecosistemas Andinos – ECOAN
- Servicios Educativos, Promoción y Apoyo Rural – SEPAR
- Castro Sánchez-Moreno, Mariano
- Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales en el Perú (IRI Perú)
- Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
- Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (APECO)
- Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Para adherirse a este pronunciamiento, completa la siguiente información: https://forms.gle/5dQ96Dorgiqj3QfP6
