- Comunidades indígenas, organizaciones de la sociedad civil, el Vicariato Apostólico de Iquitos y entidades públicas impulsan acciones conjuntas para fortalecer la protección legal de la cuenca del río Nanay, principal fuente de agua para Iquitos y miles de familias amazónicas.
La defensa de la cuenca del río Nanay continúa. Luego de un amplio llamado público encabezado por comunidades indígenas y organizaciones sociales, como el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), para frenar las actividades extractivas y el otorgamiento de dos concesiones mineras en la zona, INGEMMET declaró extinguido el petitorio minero Achuny. Esto debido al incumplimiento de requisitos formales por parte del solicitante.
Karina Garay, abogada especialista en temas ambientales y vocera del OMI, explicó que la decisión responde al incumplimiento de requisitos establecidos en la normativa vigente. «Esperamos que se mantenga esta decisión y así evitar la continuidad del trámite», señaló.
Sin embargo, dicha decisión ha sido apelada por el solicitante y actualmente corresponde a la entidad estatal resolver el recurso dentro del plazo previsto por ley. Paralelamente, se alerta que el petitorio Jaguar Dorado continúa pendiente de resolución administrativa.
En ese contexto, comunidades indígenas, organizaciones sociales, colectivos ambientales e instituciones públicas han unido esfuerzos para solicitar que se fortalezca la protección legal de la cuenca del río Nanay, principal fuente de agua potable y alimentación para la ciudad de Iquitos y de la que dependen más de 500 mil personas de la región.
“Exijo que el gobierno asuma un compromiso real con la protección de nuestro territorio. No podemos seguir permitiendo que la minería ilegal destruya nuestros bosques y ríos. Necesitamos ser escuchados”, expresó Jhonny Huaymacari, presidente de la Coordinadora de Comunidades Nativas y Campesinas de la Cuenca del Nanay (CONACCUNAY).
Instituciones y organizaciones impulsan una mayor protección
Sumado al pedido colectivo, autoridades como el Alto Comisionado para el Combate de la Minería Ilegal, el general Rodolfo García, así como la Dirección Regional de Energía y Minas de Loreto (DREM), solicitan fortalecer las medidas de protección del Nanay antes de que concluya la vigencia del Decreto Supremo 022-2024-EM, vigente hasta noviembre de 2026.
En ese sentido, se ha propuesto que las medidas tengan mayor alcance territorial, con el fin de incorporar toda la cuenca del Nanay, así como otras cuencas estratégicas de Loreto, entre ellas el Marañón y el Tigre. En paralelo, la DREM elabora un informe técnico y legal que será remitido al INGEMMET para sustentar esta propuesta.
Rodolfo García señala que es necesario evitar que estas medidas pierdan vigencia, ya que sirven de referencia para otras zonas del país afectadas por minería ilegal. Además, indicó que corresponderá al gobierno “fortalecer el marco normativo y operativo de la lucha contra esta actividad, impulsando una formalización efectiva, su erradicación y la recuperación ambiental con alternativas de desarrollo sostenible”.
Paralelamente, organizaciones religiosas vienen promoviendo, junto a comunidades del Nanay, una carta conjunta dirigida al papa León XIV para solicitar su respaldo a la protección de las cuencas del Nanay, Tigre y Marañón, así como de la Amazonía peruana.
“La visita del Papa León representa una oportunidad importante para continuar visibilizando las problemáticas y que se adopten medidas efectivas de protección de nuestros ríos amazónicos, considerados el pulmón del mundo”, declaró Rita Ruth, directora de la Subcomisión de justicia y paz – derechos humanos del Vicariato Apostólico de Iquitos.
Comunidades exigen medidas permanentes
En esa misma línea, CONACCUNAY informó que ha dirigido comunicaciones a la presidenta, Keiko Fujimori, solicitando evaluar la continuidad de las medidas de protección vigentes para la Cuenca del Nanay.
La preocupación de las comunidades no es reciente. En octubre de 2025, pobladores de la región bloquearon el tránsito de embarcaciones como medida de protesta frente al avance de la minería ilegal y la presencia de dragas en la zona, exigiendo una intervención más efectiva del Estado.
Colectivos no descartan movilizaciones futuras en caso de que no se atiendan sus demandas. “Evaluaremos junto con nuestras comunidades bases las próximas acciones que tomaremos en conjunto. El agua es vida y el Nanay no se destruye”, enfatizó el presidente de CONACCUNAY.
Para las organizaciones que impulsan estas iniciativas, la situación actual demuestra que aún persisten vacíos en la protección de la cuenca frente a las actividades extractivas. Desde su perspectiva, es determinante que las decisiones que adopten las autoridades durante los próximos meses estén dirigidas a frenar el avance de la minería, así como evitar nuevos conflictos socioambientales.
