Lima, 09 de abril del 2024. 

Hacemos un llamado a los/as congresistas de la República a cumplir con su deber y legislar a favor de los intereses nacionales en beneficio de todos y todas. Exhortamos a no favorecer la minería ilegal poniendo en agenda la apertura del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).

Desde el OMI, manifestamos que este proceso de formalización minera, que lleva más de 22 años,  se ha convertido en el escenario perfecto para la ilegalidad y la impunidad. Esta situación ha permitido que miles de mineros continúen aprovechando nuestros recursos naturales irregularmente, sin cumplir con las exigencias mínimas técnicas, ambientales y sociales.

Este es el caso de los Proyectos de Ley 2172, 2519, 3621 y 5171, que proponen establecer nuevas condiciones para el acceso al REINFO y un nuevo plazo de inscripción de 90 días para impulsar la formalización de la pequeña minería y minería artesanal (MAPE). La aprobación de dichos proyectos, permitiría que mineros ilegales aparezcan como informales e impediría que sean sancionados penalmente.

Recientemente, el martes 3 de abril el presidente de la Comisión de Energía y Minas, el congresista Segundo Quiroz, presentó el Proyecto de Ley 07462/2023- CR, que en caso de aprobarse ampliará el plazo de formalización hasta diciembre del año 2027. Es decir pretenden que tengamos 25 años de formalización minera. Esta iniciativa modificaría el Decreto Legislativo N°1293. Extender los plazos sólo ocasiona el avance de las economías ilegales que afectan las esferas sociales, ambientales y de salud en las regiones más vulnerables del país.

Recordemos que hace unas semanas, el Congreso de la República también derogó una norma que buscaba ordenar la formalización de la MAPE y ayudaban a enfrentar la ilegalidad. Esta derogatoria abre las puertas a que mineros suspendidos en el REINFO continúen operando y usando artefactos o materiales explosivos sin contar con la autorización debida. Esto es un lamentable retroceso que debilita la actuación de la Policía Nacional del Perú en el combate contra el crimen organizado; y que además, trae consecuencias catastróficas en el medio ambiente, la salud de las personas y la economía peruana.

El OMI exhorta a que este proceso de adecuación y formalización cumpla con el plazo de vigencia establecido para no desnaturalizar su propósito. De esta forma se evitará que se convierta en una gran ventana de impunidad para aquellos mineros que operan sin poder ser controlados o supervisados por el Ministerio Público Fiscalía de la Nación y las demás autoridades pertinentes.

Suscribimos las siguientes organizaciones de la sociedad civil y expertos a título personal:

  • Sociedad Zoológica de Fráncfort (FZS Perú)
  • Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (APECO)
  • Asociación Civil Yunkawasi
  • Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS Perú)
  • Asociación Ecosistemas Andinos (ECOAN)
  • Conservación Amazónica (ACCA)
  • Federación de Comunidades Nativas del Bajo Putumayo (FECOIBAP)
  • Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
  • Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
  • Asociación SEPAR
  • Sistema Regional de Conservación de Loreto
  • Federación Nativa del Rio Madre de Dios y Afluentes – FENAMAD

Sociedad Civil:

  • César A. Ipenza Peralta
  • Jorge Tam Málaga
  • Constantino Aucca, Campeón de la Tierra
  • Andrea Macedo Yuyarima
  • Roger Roberto Barbieri Alfaro
  • Rocío Cristina Bonifacio Aliaga
  • Ana Espejo López
  • Adelaida Alayza Sueiro
  • Humberto Huamán Puscan
  • Adelaida Alayza Sueiro
  • Humberto Huamán Puscan
  • Blanca Rosangela Guillen Gomez