Desde el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), expresamos nuestra profunda preocupación ante la convocatoria de la mesa de trabajo del 3 de noviembre, organizada por la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, en la que se debatirá un predictamen que busca ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Pese a la relevancia del tema, la Comisión ha excluido a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas y a las organizaciones ambientales de la sociedad civil, a pesar de sus reiteradas solicitudes de participación.

Esta exclusión constituye una grave omisión democrática y legal, considerando que los pueblos indígenas y las organizaciones ambientales son actores esenciales en la defensa de los territorios afectados por la expansión de la minería ilegal, así como en la construcción de propuestas técnicas sostenibles y con enfoque de derechos.

El abordaje de la formalización minera requiere un diálogo amplio, plural e intercultural, que reconozca la experiencia y legitimidad de quienes viven en los territorios impactados por la minería ilegal y de quienes trabajan en su defensa desde la sociedad civil.

Asimismo, desde el OMI rechazamos la ampliación del REINFO de manera desmesurada, ya que esto profundiza la informalidad, brinda mayor impunidad y facilita la expansión de la minería ilegal en zonas frágiles, como áreas naturales protegidas, riberas de ríos amazónicos y territorios indígenas.

Del mismo modo, nos oponemos a la reincorporación de mineros excluidos del proceso de formalización, pues ello debilita los avances normativos y la credibilidad del sistema de fiscalización ambiental y minera.

Recordamos que el Estado peruano tiene la obligación de garantizar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, conforme al Convenio 169 de la OIT, la Ley N.º 29785 de Consulta Previa, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los principios de transparencia, gobernanza ambiental y participación ciudadana establecidos en la Ley General del Ambiente.

Cualquier espacio de toma de decisiones que excluya a estos sectores carece de legitimidad social y debilita los esfuerzos nacionales para enfrentar la minería ilegal.

Desde el Observatorio de Minería Ilegal hemos hecho llegar esta posición al Congreso de la República, solicitando:

• La inclusión inmediata de representantes de las organizaciones indígenas y ambientales en la mesa de trabajo convocada por la Comisión de Energía y Minas.
• Que el Congreso y el Poder Ejecutivo adopten mecanismos permanentes de participación intercultural y multisectorial en la formulación de políticas sobre minería y formalización.
• Que las autoridades competentes reconozcan el rol de los pueblos indígenas y de las organizaciones ambientales como aliados estratégicos en la defensa del territorio, el agua y la biodiversidad.