Este miércoles 11 de febrero, en una articulación conjunta entre el Observatorio de Minería Ilegal y actividades vinculadas en Áreas Claves de Biodiversidad (OMI) y el Ministerio Público, se realizó el evento virtual “Implementación del Decreto Legislativo N.° 1695 en la persecución penal de la minería ilegal”, un espacio técnico de análisis jurídico e institucional orientado a fortalecer la respuesta penal frente al delito de minería ilegal.
La exposición estuvo a cargo del abogado César Ipenza, especialista ambiental y miembro del OMI, quien presentó un análisis jurídico integral sobre el alcance normativo del Decreto Legislativo N.° 1695 y sus principales innovaciones, entre las que destacó:
- La incorporación de todos los eslabones de la cadena de valor de la extracción y comercialización minera en la tipificación penal;
- La eliminación del principio de oportunidad;
- El reconocimiento de la minería ilegal como una manifestación del crimen organizado; y
- La aclaración de conflictos interpretativos que anteriormente limitaban su aplicación efectiva.
El panel técnico estuvo conformado por fiscales especializados en materia ambiental, quienes aportaron una perspectiva operativa desde distintos territorios del país, específicamente La Libertad, Loreto y Ucayali:
- Patricia Ponce: Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Materia Ambiental de La Libertad
- Bratzon Saboya: Fiscal adjunto Provincial de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Loreto
- Eduardo Nina: Fiscal Provincial del Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Materia Ambiental de Ucayali
- Ana María Trillo: Fiscal Adjunta superior de las fiscalías Especializadas en Materia Ambiental.
Durante sus intervenciones, los panelistas identificaron las principales dificultades en la aplicación del Decreto Legislativo N.° 1695, entre ellas: los problemas de tipificación adecuada del delito, la acreditación del nexo causal entre las actividades ilegales y el daño ambiental, así como las limitaciones logísticas, técnicas e interinstitucionales que afectan los procesos de investigación y judicialización.
Asimismo, los panelistas resaltaron la necesidad de fortalecer los criterios técnicos y jurídicos para una aplicación uniforme de la norma; articular la determinación de la pena con la magnitud del impacto del delito; mejorar la coordinación interinstitucional; fortalecer las capacidades técnicas y los recursos disponibles; implementar un sistema eficiente de trazabilidad del oro; y avanzar hacia una comprensión integral de la minería ilegal como una cadena de actividades criminales con impactos ambientales, sociales y económicos.
Agregado a ello, los fiscales expresaron su preocupación por la permanencia de un régimen de protección administrativa a través del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), pese a que en muchos casos se ha evidenciado la ausencia de una voluntad real de formalización. En ese sentido, enfatizaron la necesidad de que los análisis fiscales trasciendan la simple verificación de la inscripción en el registro, incorporando la detección de registros duplicados, la verificación de la correspondencia real entre el mineral comercializado y el declarado, así como una evaluación rigurosa de las rutas de transporte y los mecanismos utilizados para simular un origen lícito, aspectos que con frecuencia no son adecuadamente considerados.
Entre las conclusiones, la fiscal adjunta superior, la Dra. Ana María Trillo, subrayó que el fortalecimiento del enfoque penal —en particular, el incremento del extremo mínimo de la pena cuando la minería ilegal es investigada como delito de organización criminal— resulta fundamental frente a la complejidad estructural de este ilícito. Precisó que este cambio permite a las fiscalías ambientales contar con plazos procesales más amplios, lo que posibilita desarrollar investigaciones integrales que aborden todo el circuito criminal, y no únicamente el acto aislado de extracción, como ocurría cuando el fenómeno era tratado exclusivamente como delito ambiental, enfoque que calificó como insuficiente e inadecuado.
Finalmente, destacó que la sola aprobación de nueva normativa no resulta suficiente si no se acompaña de procesos efectivos de sensibilización y capacitación de los operadores del sistema de justicia, en especial jueces y otras autoridades competentes, con el objetivo de garantizar una aplicación coherente, uniforme y eficaz del marco legal en la lucha contra la minería ilegal.
Este espacio técnico permitió identificar oportunidades de mejora normativa e institucional y reafirmar la importancia de continuar generando diálogos especializados que fortalezcan la persecución penal de la minería ilegal, en el marco de la protección del ambiente, la biodiversidad y el Estado de derecho.
Desde el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), se reafirma el compromiso de seguir impulsando estos espacios de articulación, análisis técnico y generación de información estratégica como parte de una respuesta integral frente a la minería ilegal.
