Las organizaciones integrantes del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), junto con organizaciones aliadas, hemos tomado conocimiento —a través de publicaciones oficiales en el diario El Peruano— de la designación del señor Wilfredo Portilla Barrera en un cargo vinculado a la conducción del proceso de formalización minera.

Esta designación genera serias preocupaciones respecto a la idoneidad técnica, la meritocracia y la ausencia de conflicto de intereses, principios que deben regir toda función pública, especialmente en un sector altamente sensible por sus impactos ambientales, sociales y económicos.

De acuerdo con información oficial del propio Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el señor Portilla Barrera figura con dos inscripciones concluidas en el REINFO, consignadas en el Anexo I de la Resolución Directoral N.° 0004-2025-MINEM/DGFM, publicada en julio de 2025, mediante la cual se declaró finalizado el proceso de formalización para más de 50 mil inscripciones suspendidas por más de un año. En dicho anexo, aparece en los casilleros 35368 y 35369, vinculados a derechos mineros en la provincia de Canta (Lima), bajo la condición de minero informal.

Asimismo, información pública disponible indica que el señor Portilla Barrera estaría vinculado a la empresa SIMSA S.A.C., dedicada a la compra y procesamiento de oro, y que figura inscrita en el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (Registro N.° 12513 del MINEM). Esta situación podría configurar un potencial conflicto de interés, en tanto una persona vinculada a actividades reguladas participaría en funciones relacionadas con la regulación o conducción del propio sector.

Frente a ello, el Observatorio de Minería Ilegal exige:

• Al Ministro de Energía y Minas:
  Exhortamos que se revalúe esta designación y se proceda al nombramiento de profesionales que acrediten idoneidad técnica comprobada, trayectoria ética y sin vínculos directos o indirectos con la minería informal o ilegal, que generen condiciones reales para un proceso de formalización minera efectivo. Asimismo, implementar con urgencia medidas concretas de prevención y lucha contra la corrupción en este subsector.
• A la Presidencia del Consejo de Ministros y a la Presidencia de la República:
  Ejercer una supervisión activa sobre el proceso de formalización minera, evitando que intereses particulares o vinculados a la minería informal influyan en la toma de decisiones dentro del Poder Ejecutivo, en detrimento del interés público, el ambiente y los derechos de las comunidades afectadas.
• A los órganos de control y al Ministerio Público:
  Evaluar e investigar, dentro de sus competencias, posibles situaciones de conflicto de interés, corrupción, tráfico de influencias o enriquecimiento ilícito, promoviendo la transparencia y la integridad en la administración pública, especialmente en un sector identificado como de alto riesgo.

Desde el Observatorio de Minería Ilegal, reafirmamos nuestro compromiso de vigilancia ciudadana y seguimiento a las designaciones y decisiones que puedan comprometer la lucha contra la minería ilegal. Alertamos que la permisividad institucional no solo profundiza la depredación ambiental, sino que socava el Estado de derecho y la viabilidad democrática del país.

Suscribimos este pronunciamiento en defensa de la transparencia, la integridad pública y la lucha contra la corrupción.