- Especialistas advierten que la norma aprobada bajo delegación de facultades fortalece el marco penal frente a la minería ilegal, sin embargo se requiere fomentar mecanismos de control territorial y asignar recursos a la PNP y fiscalía para las investigaciones y acciones correspondientes a fin de hacer cumplir la ley.
La reciente aprobación del Decreto Legislativo 1695, en el marco de la delegación de facultades otorgadas por el Legislativo al Poder Ejecutivo, ha sido presentada por el gobierno como un avance en la lucha contra la minería ilegal en el Perú. La norma introduce modificaciones al régimen penal, incrementa las penas y amplía el alcance del delito a actividades conexas como el beneficio y el tráfico ilícito de recursos minerales. Sin embargo, especialistas coinciden que el decreto legislativo, si bien refuerza el “brazo penal” del Estado, no resuelve los problemas estructurales que sostienen la expansión de esta economía ilegal.
Estos desafíos fueron analizados durante el evento virtual “Delegación de facultades y lucha contra la minería ilegal: análisis del Decreto Legislativo 1695 y desafíos pendientes”, organizado por el Observatorio de Minería Ilegal, junto con Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
Trazabilidad y control del territorio
El Decreto Legislativo 1695 reconoce de manera expresa a la minería ilegal como una forma de crimen organizado, lo que permite fortalecer su persecución penal. César Ipenza, experto en temas ambientales, señala que entre los principales cambios de la norma se encuentran: el incremento de penas y la ampliación del tipo penal a actividades que antes quedaban en “zonas grises”, como el procesamiento del mineral, el beneficio, transporte y el tráfico ilícito de recursos minerales. Según explicó, estos cambios normativos dotan al Estado de mayores herramientas para investigar y sancionar a las redes criminales que operan detrás de esta actividad.
De otro lado, Julio Guzmán, Procurador ante la Procuraduría Pública Especializada en Materia Ambiental, indicó que uno de los principales obstáculos para perseguir a estas mafias es la falta de un modelo de trazabilidad en los diferentes momentos de desarrollo de la actividad minera. “Necesitamos un mecanismo para que los operadores de justicia identifiquen el lugar de origen de los recursos, la maquinaria e insumos utilizados, y ubiquen las rutas por donde transitan, desde las concesiones hacia las plantas de beneficio”, agregó.
Guzmán indicó que sin información adecuada y accesible, se puede generar un marco punitivo, con controles excesivos, que dispararía los niveles de corrupción. Sin estos mecanismos efectivos para combatir la criminalidad, la norma puede caer en el populismo penal, dijo el procurador. De nada sirve agregar un catálogo de nuevos delitos si no se genera un efecto disuasivo desde el Estado. “Se necesitan políticas ligadas al control de la extracción y fiscalización del recurso […] Estamos recurriendo a lo penal para resolver algo que el derecho administrativo no ha podido solucionar en años”, explicó.
Capacitación y presupuesto
Otro de los desafíos centrales es la limitada capacidad institucional para implementar la norma. Jueces, fiscales y procuradores enfrentan restricciones presupuestales y falta de personal especializado. Sin recursos suficientes, la aplicación efectiva del Decreto Legislativo 1695 corre el riesgo de quedar en el plano declarativo.
El juez supremo Juan Carlos Checkley, del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, agregó que es vital fortalecer los conocimientos de los operadores a cargo de las investigaciones. Debido a que el delito de minería ilegal ahora abarca un abanico más amplio de etapas de producción y actividades, es necesario que los policías y fiscales sean capacitados respecto a la Ley General de Minería y sus reglamentos específicos. De esta forma, podrán investigar de manera más eficiente.
El magistrado agregó que la minería ilegal es un delito pluriofensivo, es decir que ataca varios bienes jurídicos: como la evasión de impuestos y lavado de activos, o la seguridad ciudadana y su vinculación con la trata de personas. Esto también hace más complejas y costosas las indagaciones de los operadores de justicia. Sin embargo, el decreto legislativo no ha incluido incrementos presupuestales o partidas de fondos públicos para estos temas.
Formalización minera: tarea pendiente
En ese línea, Fiorella Chinchay, especialista de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), considera que la nueva normativa no será beneficiosa mientras que no se dejen de lado las idas y venidas en materia legislativa, como ha ocurrido en los últimos años. Es urgente darles continuidad a las políticas y generar confianza en la ciudadanía, respecto al accionar de las autoridades.
“Aún persiste el problema de fondo: hay un registro de formalización de nunca acabar”, dijo. Estas innumerables prórrogas abren un espacio de ambigüedad jurídica que puede ser utilizado para bloquear la acción penal del Estado.
Como conclusión, Iris Olivera, coordinadora del programa Derechos de DAR, señaló que pese a que se está fortaleciendo el sistema penal, todavía no se han resuelto los problemas estructurales que hoy permiten que el sistema de formalización minera sea un mecanismo de encubrimiento e impunidad. Sin control territorial y presupuesto público asignado, dijo Olivera, “la nueva norma corre el riesgo de ser solo una respuesta punitiva, pero sin un impacto institucional real”.
