El Observatorio de Minería Ilegal y actividades vinculadas en áreas claves de biodiversidad expresa su preocupación ante la inclusión en la agenda del Pleno del Congreso de la República del Proyecto de Ley 3377, que propone establecer un régimen especial para el otorgamiento de concesiones mineras en zonas de pequeña minería y minería artesanal en Madre de Dios a operadores inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
Si bien la iniciativa busca atender la situación de operadores en proceso de formalización, el proyecto presenta serias inconsistencias jurídicas y posibles conflictos con normas vigentes, tales como: procedimientos que no se alinean con la Ley General de Minería, el Reglamento de Procedimientos Mineros o el marco de formalización vigente, lo que podría afectar la seguridad jurídica del régimen de concesiones mineras y debilitar el marco legal de lucha contra la minería ilegal en el país.
En primer lugar, el proyecto plantea la posibilidad de otorgar concesiones mineras en zonas comprendidas en el Anexo 1 del Decreto Legislativo 1100, norma que regula las medidas de interdicción contra la minería ilegal. Esta disposición resulta particularmente sensible, ya que dicho decreto legislativo fue creado precisamente para restringir la expansión de la minería aluvial en determinadas zonas de la Amazonía, por lo que habilitar el otorgamiento de concesiones en estas áreas podría generar contradicciones con el propio régimen legal de interdicción vigente.
Este riesgo adquiere especial relevancia si se considera que desde fines de 2025 y durante los primeros meses de 2026 se han registrado solicitudes de petitorios mineros en zonas comprendidas dentro de esta zona de exclusión, lo que evidencia una creciente presión por acceder a derechos mineros en áreas donde actualmente existen restricciones legales por su valor ecosistémico. En ese contexto, la eventual aprobación del proyecto podría generar incentivos para consolidar estas solicitudes y abrir un escenario de mayor conflictividad jurídica, social y territorial.
Solicitudes de derechos mineros en la zona de exclusión minera (octubre 2025-febrero 2026), sector “La Pampa”
Fuente: GEOCATMIN
En segundo lugar, el proyecto introduce un régimen excepcional de acceso a concesiones mineras al priorizar el otorgamiento de derechos mineros a operadores inscritos en el REINFO. Esta propuesta podría entrar en tensión con el sistema general de concesiones previsto en la legislación minera peruana, el cual se rige por los principios de libre acceso y prioridad temporal para la obtención de derechos mineros. La creación de un mecanismo preferente para determinados operadores podría generar distorsiones en el sistema de otorgamiento de concesiones y afectar la seguridad jurídica del ordenamiento minero.
En tercer lugar, la iniciativa podría desnaturalizar el proceso de formalización minera. El REINFO fue concebido como un instrumento transitorio para que los operadores mineros informales cumplan progresivamente con los requisitos legales, ambientales y administrativos necesarios para desarrollar su actividad dentro del marco de la ley. Sin embargo, el proyecto convertiría este proceso en una vía preferente para acceder a la titularidad de concesiones mineras, lo que podría generar incentivos indebidos dentro del proceso de formalización y debilitar los objetivos de la política pública de lucha contra la minería ilegal.
Asimismo, diversas entidades técnicas del Estado han advertido sobre los riesgos de la propuesta. El Ministerio del Ambiente (MINAM) ha señalado que el proyecto no resulta viable en su formulación actual y ha advertido la necesidad de garantizar su compatibilidad con el Decreto Legislativo 1100 y con la normativa de protección ambiental aplicable a los ecosistemas amazónicos. En la misma línea, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), consolidando la opinión del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), ha señalado que la propuesta presenta incompatibilidades con el régimen de protección del patrimonio forestal de la Nación. Por su parte, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha advertido problemas en materia de procedimientos administrativos, al no definirse con claridad las autoridades responsables ni su articulación con los procedimientos administrativos estandarizados del sector Energía y Minas aprobados mediante Decreto Supremo N.º 112-2021-PCM.
Estas observaciones evidencian que el proyecto presenta riesgos de conflicto con la normativa ambiental, forestal y administrativa vigente, así como posibles dificultades para su implementación institucional.
Llamado al Congreso de la República
El Observatorio de Minería Ilegal considera necesario que el Congreso de la República evalúe con mayor profundidad los impactos jurídicos, ambientales e institucionales del Proyecto de Ley 3377. Y proceda a ARCHIVAR el presente proyecto de Ley.
La formalización minera constituye un objetivo para el país; sin embargo, cualquier iniciativa legislativa en esta materia debe garantizar coherencia con el marco legal vigente, fortalecer la lucha contra la minería ilegal y asegurar la protección de los ecosistemas amazónicos, evitando generar incentivos o distorsiones que puedan debilitar la gobernanza ambiental en la Amazonía.