Tras la audiencia donde se analizó la demanda de inconstitucionalidad contra la ley que extiende el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), el pleno del Tribunal Constitucional (TC) dejó pendiente al voto la decisión de culminar con este régimen que ha brindado mayor impunidad a mineros ilegales.
La demanda ante el TC ha sido presentada por el Colegio de Abogados de Loreto. y cuenta con el respaldo de un informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos Orellana, donde se detalla la problemática de la pequeña minería aurífera.
La demanda presentada por el Colegio de Abogados de Loreto, representada por los abogados Samue Abad y César Ipenza ante el máximo organismo constitucional, solicitó que se declare inconstitucional la prórroga de la vigencia del proceso de formalización minera integral (REINFO) debido a que afectan diversos derechos fundamentales.
Según el abogado constitucionalista, Samuel Abad, cada día se violan derechos debido a esta norma que el Congreso busca extender hasta fin de año. El régimen de formalización minera lleva 22 años y solo el 2% de los inscritos han logrado formalizarse. Más de 69 mil mineros podrían estar operando en el Perú con total impunidad, pese a encontrarse suspendidos en el REINFO y sin cumplir con las mínimas exigencias ambientales. Asimismo el abogado Ipenza señaló que la norma cuestionada va en contra de la Constitución particularmente el derecho a gozar de un ambiente sano y adecuado (art 2 inciso 22) y la protección de la Amazonía (art 69).
El procurador del Congreso aceptó que está norma ha sido dilatada en el tiempo a falta de una normativa que regule la minería artesanal y pequeña minería (Ley MAPE). No obstante, al ser preguntado por los magistrados del TC no pudo responder, ni demostrar de qué manera está norma habría beneficiado a la pequeña minería y artesanal.
Además, el defensor del Congreso afirmó que la afectación de derechos fundamentales eran “leves”. Sin embargo, Marcos Orellana, relator de las Naciones Unidas, mencionó durante la audiencia que “la desprotección de derechos que ha generado la prórroga del REINFO afecta de manera desproporcionada a personas en situación de vulnerabilidad”.
La prórroga del REINFO vence a finales de este año, y el congreso aún tiene pendiente analizar cinco proyectos de ley que pretenden seguir buscando su extensión: 8899/2024-CR, 7462/2023-CR, 9259/2024-CR, 9294/2024-CR Y 9393/2024-CR. Ante ello, desde el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) consideramos fundamental que el Tribunal Constitucional dicte sentencia pronto y declare fundada la demanda de inconstitucionalidad para evitar que la minería informal siga operando de manera desordenada sin cumplir compromisos ambientales y generando impunidad.
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