Las organizaciones miembros del Observatorio de Minería Ilegal (OMI) y las organizaciones aliadas hemos tomado conocimiento, a través de diversos medios de comunicación, de las declaraciones y propuestas formuladas por el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República en relación con la evaluación de una eventual ampliación del proceso de formalización minera y con las propuestas orientadas a la elaboración de una nueva Ley MAPE. En este contexto, consideramos pertinente señalar lo siguiente:

Al Ministerio de Energía y Minas:

• Reconocer los riesgos estructurales del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO): El actual proceso de formalización presenta severos riesgos que pueden ser aprovechados para encubrir actividades ilegales y facilitar la incorporación de mineral de origen no acreditado a las cadenas formales de comercialización. La inscripción en el REINFO no debe sustituir la verificación técnica de la ubicación, la autorización, la producción y la trazabilidad del origen del mineral.
• Transparencia sobre la Ley N.° 32537: Demandamos que el Poder Ejecutivo informe públicamente sobre el estado de implementación de las medidas previstas en la Ley N.° 32537, particularmente en lo relativo al sinceramiento georreferenciado, el Censo Nacional MAPE, la transferencia y sistematización del acervo documentario, y la interoperabilidad de los sistemas de información. Estas medidas son indispensables para contar con evidencia objetiva que permita definir quiénes pueden continuar en el proceso y quiénes deben ser excluidos.
• Criterios técnicos para el nuevo régimen MAPE: La nueva propuesta normativa no debe trasladar automáticamente a un nuevo registro a las personas actualmente inscritas en el REINFO. Debe establecer criterios objetivos y verificables de ingreso, permanencia, exclusión y culminación del proceso, articulados con la ubicación georreferenciada de las operaciones, el cumplimiento ambiental y laboral, los derechos sobre las concesiones y mecanismos efectivos de trazabilidad en la cadena del oro (incluyendo transportistas, comercializadores, plantas de beneficio e insumos críticos como mercurio, maquinaria y combustibles). Una eventual ampliación del REINFO no debería implicar la permanencia automática de todas las personas actualmente inscritas. Debería estar precedida por la exclusión de aquellos inscritos que no cuenten con una operación minera verificable, mediante criterios técnicos y objetivos que permitan acreditar la ubicación, autorización, producción y trazabilidad de las actividades declaradas. 
• Incorporar la dimensión económica en la formulación de la política de formalización: Toda propuesta normativa o de política pública en materia de pequeña minería y minería artesanal debería considerar de manera integral los costos ambientales, fiscales y sociales asociados a la minería ilegal. 

Al Congreso de la República y a la Comisión de Energía y Minas:

• Garantizar un debate inclusivo y representativo: Un proceso de tanta trascendencia para el país no puede construirse escuchando únicamente a los sectores que promueven la continuidad de un sistema cuyas deficiencias han contribuido a perpetuar la problemática. Exigimos un debate público amplio, transparente y descentralizado, que incorpore formalmente las voces de las comunidades locales, pueblos indígenas, autoridades locales y actividades económicas afectadas por la minería ilegal y la violencia asociada a ella.
• Decisiones basadas en evidencia del interés público: Solicitamos que cualquier iniciativa o propuesta legislativa sobre la MAPE sea discutida con información pública suficiente sobre sus impactos ambientales, sociales, económicos y de control de la minería ilegal. Las decisiones parlamentarias deben contar con el respaldo de especialistas técnicos y jurídicos independientes, garantizando que respondan a criterios objetivos y al interés nacional, y no a presiones coyunturales o sectoriales. 

Desde el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) mantendremos una vigilancia ciudadana activa sobre el proceso de debate y las propuestas relativas a la minería informal e ilegal. Corresponde a las autoridades del Estado adoptar medidas firmes y efectivas para impedir que la minería ilegal—una de las principales economías ilícitas del país—  continúe depredando nuestros ecosistemas, vulnerando los derechos de la población y socavandomama el Estado de derecho, la gobernabilidad y el desarrollo sostenible del Perú.

Suscribimos en defensa de la lucha contra la minería ilegal y por un efectivo proceso de formalización minera:

• Cesar A. Ipenza Peralta. 
• Asociación Servicios Educativos, Promoción y Apoyo Rural (SEPAR)
• Sociedad Zoológica de Frankfurt (SZF)
• Conservación Amazónica (ACCA)
• Conservation Strategy Fund (CSF)
• Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
• Amazónicos por la Amazonía (AMPA)
• Asociación Ecosistemas Andinos (ECOAN)
• Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental (FIGMMG – UNMSM)
• Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS Perú)
• Mariano Castro Sánchez-Moreno